Ampara juez a 4 ahorradores de Ficrea

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, otorgó un amparo a cuatro ahorradores de Ficrea y  ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pagar la totalidad del dinero que perdieron.

FICREA 1

Para el impartidor de justicia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) violó los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo “al no haber garantizado en forma eficaz e integral el derecho a la propiedad”, en este caso los ahorros, de personas físicas y morales a quienes concedió el amparo.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la CNBV deberá restituir “a los quejosos el monto íntegro y total de los ahorros” depositados en Ficrea y el interés legal generado, recursos que no podrán provenir del concurso de quiebra de , “a fin de no afectar los intereses de los terceros ahorradores”.

En las sentencias se destaca que la CNBV demoró indebidamente la aplicación de las medidas correctivas, informativas y de alerta a los ahorradores por lo menos un año, porque conoció “de las irregularidades de Ficrea como mínimo desde el 8 de abril de 2013, mientras que ejecutó la intervención y cierre de operaciones de Ficrea hasta el 7 de noviembre de 2014.”

También se establece que los ahorradores no tienen el deber de soportar el uso indebido y deliberado de los fondos de una entidad financiera en beneficio de terceras personas cuando existe deficiente supervisión por parte de la Comisión, así como “inoportuna información y alerta al público ahorrador ante la existencia de graves irregularidades en su administración.”

El juzgador de amparo estimó que no es posible advertir que los recursos provenientes del concurso mercantil o bien el seguro de depósito por 25 mil Udis sean una reparación efectiva y adecuada para las promoventes del amparo, tomando en cuenta que no existe certeza que el concurso mercantil sea la vía idónea y efectiva para reparar integralmente a la parte quejosa por la violación a sus derechos fundamentales.

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