Señalan a PGJDF, SSPDF y Consejería Jurídica por tortura

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y la Consejería Jurídica de la Ciudad de México por casos de tortura y refirió que detectó un patrón de actuación sobre este tema por parte de autoridades.

CDHDF RECOMENDACIÓN

Al presentar el instrumento recomendatorio, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, señaló que el patrón de conducta representa la preexistencia de una detención ilegal o arbitraria, agresiones, dilación en puesta a disposición, inadecuada defensa, incomunicación y negativa o ineficaz investigación de las vulneraciones denunciadas.

Explicó que la recomendación incluye 17 casos y se involucran 19 expedientes registrados entre los años 2010 y 2014 que afectan a 27 personas.

Mencionó que del análisis de los casos, se concluyó que existieron detenciones arbitrarias en 17 casos, mientras que en 14 se realizaron aprehensiones ilegales.

Gómez Gallardo destacó que se comprobó que la tortura se cometió en 7 casos al momento de la detención, en 12 durante el traslado y 12 en el lugar de espera, antes de la presentación ante la autoridad.

Indicó que los actos de tortura tuvieron como objetivo que las personas se autoincriminaran en la comisión de algún delito o buscaban castigar a personas presuntamente responsables.

Destacó que es grave el hecho de que recurrentes y documentadas violaciones sobre casos de tortura descritas en los expedientes no hayan sido investigadas, a pesar de las denuncias realizadas por las víctimas, situación que propicia la impunidad y persistencia de esta conducta.

El documento contiene 25 puntos recomendatorios en los que se pide, entre otras cosas, que se indemnice a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial considerando cada caso.

También solicita que se establezca una estrategia de capacitación y formación en materia de prevención, sanción y erradicación de tortura desde la perspectiva de derechos humanos; evitar la exhibición de personas sujetas a un procedimiento ministerial o judicial en medios de comunicación y aplicar protocolos en escenarios de detención donde haya presentes niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.

 

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