Invalida SCJN artículos sobre tortura de Ley Atenco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del artículo 12, fracción III, incisos a) y b) de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que establece lo que debe entenderse por “tortura” y “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

SCJN FACHADA

El máximo tribunal invalidó este artículo al considerar que dichas definiciones son competencia exclusiva del legislador federal, conforme lo prevé el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual la legislatura de esa entidad federativa incurrió en invasión de la esfera de facultades constitucionalmente conferidas al Congreso de la Unión.

Asimismo, se declaró la invalidez de los artículos 24, 25, y 26 de la referida ley, los cuales pretenden regular el uso de la fuerza en los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes.

Al respecto, señaló que toda vez que el legislador local no cuenta con facultades para legislar en esa materia, la propia Constitución, en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única de ejecución de penas y en materia de justicia penal para adolescentes que rija en materia federal y el fuero común.

Por otra parte, se precisó que si bien la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no contempla las sanciones específicas que deban imponerse a los servidores públicos que incurran en el uso abusivo o excesivo de la fuerza, lo cierto es que el artículo 53 de la propia ley sí prevé la manera en que debe procederse en esos casos, es decir:

(1) establece que deberá de llevarse a cabo una investigación de tales hechos por parte de la institución de seguridad respectiva; y

(2) que los resultados de tal investigación deberán de remitirse a los órganos de control respectivos para que determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que, en su caso, deberán interponerse a los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Finalmente, se determinó que el hecho de que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, establezca que las instituciones de seguridad pública de esa entidad deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública, dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de su publicación, debe entenderse como un plazo límite razonable para “concluir con la capacitación propia”.

Es decir, no se trata de la ausencia total de capacitación, acorde con el artículo 21 constitucional, los elementos de los cuerpos de seguridad deben ser capacitados para el desempeño y ejercicio de sus funciones propias, de manera previa a su incorporación al servicio, cuya especialización y actualización es supervisada por los órganos integrantes del propio sistema, en términos de la ley reglamentaria del mencionado artículo constitucional y demás ordenamientos de ahí derivados.

Cabe recordar que en sesiones previas la SCJN sobreseyó en la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diversos diputados del Estado de México contra la Ley que Regula en Uso de la Fuerza Pública en esa entidad, ya que constituían el 68 por ciento de ese cuerpo legislativo, lo cual los facultaba para derogar, modificar o reformar la norma impugnada.

 

 

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