Ley de desaparición forzada debe contar con perspectiva de infancia, coinciden expertos

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseguró que ser menor de edad no es justificación para que no se les reconozca como sujetos de derecho, por lo que se buscará que la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares, cuente con una perspectiva de infancia.

SENADO DESAPARICIÓN FORZADA

Lo anterior, al inaugurar el Foro “Desapariciones en México: Una mirada desde los derechos de la Infancia”, en donde, agregó, se debe cumplir con los instrumentos internacionales en la materia, pues al 37 por ciento de la población que es menor de 18 años de edad se le visibiliza como grupo vulnerable y no como sujetos de derechos.

En este foro, agregó, se manifestará la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, respecto a la exigencia de reconocer los flagelos que viven niñas y niños en el país, ya sea como víctimas directas o indirectas, cuando un familiar es desaparecido.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que se debe contar con un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la de personas cometidas por particulares.

La ley general en la materia, dijo, debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes y al tipo penal de desaparición forzada cometido por autoridades o particulares, el cual agrave su punibilidad cuando el sujeto pasivo del delito sea menor de 18 años. Además, coincidió en la creación de un apartado dedicado a la niñez y recalcó la necesidad de crear áreas y protocolos especializados en el caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes.

En su oportunidad Carlos Manzo, de la Procuraduría Federal del Subsistema de Protección Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, subrayó que la desaparición forzada de personas afecta directamente a la sociedad, destruye el tejido social y fomenta la vinculación de otras conductas delictivas, además, genera incertidumbre en las familias.

Sostuvo que la Procuraduría Federal de Protección está a favor de todas las iniciativas que tengan injerencia en la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que aseguró que se sumarán a todas aquellas que beneficien el interés superior de la niñez.

Por su parte, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México, expuso que la desaparición forzada de adultos tiene un grave impacto en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país, por lo cual, dijo, es necesario desarrollar políticas y mecanismos de apoyo como el acceso de derechos a la continuación de la educación, salud o de salud mental y acceso a la seguridad social.

Subrayó que la proporción de niñas y niños que se encuentran actualmente en el registro de personas desaparecidas, merece un esfuerzo especial de mecanismos de búsqueda que sea sensible a las situaciones específicas de este sector de la población, e indicó que el nuevo sistema de protección integral debe promover políticas integrales de prevención de todos los fenómenos integrados como el grooming o trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, puntualizó que el Estado tiene la obligación de impedir que sus agentes participen directa o indirectamente en la desaparición de menores, así como de adoptar medidas especiales de protección; por lo que es una prioridad que la ley cuente con una perspectiva de derechos de la infancia, en la que se retomen los estándares internacionales y los sentidos en que la desaparición afecte a los niños, niñas y adolescentes.

Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que la condición de niñas, niños y adolescentes, exige una protección especial: un derecho adicional y complementario a los demás derechos de las personas, frente a la desaparición de personas, pues hay una múltiple violación a los derechos humanos.

Finalmente, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), comentó que a través de un análisis, con datos de 2006 al 2014 de la Secretaría de Gobernación, se puede confirmar que en el tema de la desaparición de personas no es un asunto de adultos, toda vez que tiene un fuerte impacto en niñas, niños y adolescentes, ya que en el registro de 23 mil casos, seis mil 700 personas son menores de 18 años de edad.

Alertó que de 2012 a 2014, creció 200 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes, por lo que consideró que la respuesta a este fenómeno por parte del Estado no ha estado a la altura de la problemática, por lo que consideró que el nuevo proyecto que se está debatiendo, incorpore un capítulo sobre el impacto en la niñez y adolescencia e incluya un protocolo de búsqueda distinto, pues no es suficiente con el actual, como la Alerta Amber o el Protocolo Alba.

En el acto de inauguración la señora Esperanza Legorreta López, madre de Evelyn, víctima de desaparición forzada a la edad de nueve años, ofreció su testimonio personal.

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