Observa CIDH espiral de violencia e impunidad en México

La espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho en México, sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CIDH INFORME MÉXICO

Esta es la conclusión del informe “Situación de derechos humanos en México”, basado en la observación realizada durante diversas visitas del organismo a nuestro país, incluida la del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, y de sus Relatorías Temáticas.

El informe analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad. También aborda la situación de los derechos humanos de algunos grupos poblacionales especialmente afectados por la violencia en el país, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. También se analiza la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En el documento, la Comisión reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo considera que “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98 por ciento de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria”.

El organismo señala que la violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas y está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.

Añade que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado “niveles críticos”, situación que se agrava cuando ocurre a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas. “La respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias”, sentencia.

En relación con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, la CIDH insta al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho Grupo.

En adición al grave problema de las desapariciones, el informe analiza homicidios y ejecuciones extrajudiciales tales como los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura.

Destaca que la tasa de homicidios es desde hace años superior a 10 por cada 100 mil habitantes, lo cual corresponde a “niveles epidémicos de violencia” de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Relator Especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó la impunidad en los casos de homicidios como “sistemática y endémica”.

En relación con la prevalencia de la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH encontra que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez.

“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”, agrega el informe que contiene recomendaciones al Estado mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad y acceso a la información.

 

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