Persisten problemas en sistema penitenciario; urge reforma para fortalecerlo: senadora Calderón

A casi ocho años de la reforma de junio de 2008 para construir un nuevo sistema nacional penitenciario, los problemas que enfrentan los centros de reclusión “no se han resuelto” y la política en esta materia “no está cumpliendo sus objetivos sociales ni legales”, advirtió la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

LUISA MARÍA CALDERÓN

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN enfatizó que los incidentes en los centros penitenciarios se presentan de manera cotidiana y se registra sobrepoblación, las tasas de reincidencia son altas, los delitos de alto impacto no han dejado de crecer, la violencia prolifera en los penales, los grupos criminales operan y controlan en el interior de los reclusorios.

Los datos, expresó, “son cada vez más alarmantes”: A diciembre de 2015, más de 41 por ciento de la población penitenciaria en México estaba en la cárcel esperando a que le dictaran una sentencia.

Los 389 centros penitenciarios, agregó, cuentan con una capacidad total instalada para 208 mil 905 reclusos, pero están registrados 247 mil 488 presos, esto significa que existe una sobrepoblación de 38 mil 583 personas, distribuidas en 184 de los 389 centros penitenciarios, es decir, 47 por ciento de sobrepoblación.

Apenas a finales del año pasado fueron reportadas 183 incidencias en el sistema penitenciario mexicano, de éstas, 61 fueron riñas en las que participaron 131 reclusos; 46 agresiones a terceros, con 66 participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; tres suicidios; un intento de suicidio; una huelga de hambre; un homicidio; un intento de fuga y un motín.

“A ocho años de la reforma nacional del sistema penitenciario observamos con preocupación que el problema no se ha resuelto”, enfatizó Calderón Hinojosa.

Ante este contexto presentó una iniciativa para que delincuentes del orden federal puedan compurgar sus penas en centros de readaptación social estatales, tomando en cuenta la capacidad de población del centro receptor, la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que se cuente.

Lo anterior, aclaró, porque en muchos de los casos de violencia interna han sido provocados por reos federales de alta peligrosidad, cuya capacidad económica y operativa les permite controlar la vida del centro de readaptación social al que son remitidos.

La legisladora también destacó la importancia de fortalecer un sistema de desarrollo integral de las mujeres reclusas, para que cuenten con atención adecuada para las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación nutricional, salud pediátrica, recreación y educación.

Además, propuso fortalecer el trabajo de los reos dentro del centro de readaptación social, como un pilar del desarrollo integral de la persona, que les permita canalizar sus capacidades, tiempo, frustraciones, ansiedades y anhelos en una actividad productiva.

Por último, plantea un nuevo capítulo en la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, a fin de establecer la participación ciudadana como herramienta de fortalecimiento de las políticas públicas de readaptación social.

La iniciativa, que se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

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