Pide CNDH a gobernador de Texas conmutar pena de muerte a mexicano

En su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva solicitó a Rick Perry, gobernador de Texas, Estados Unidos, la suspensión de la pena de muerte decretada contra del mexicano Edgar Tamayo Arias, programada para el próximo 22 de enero, y conmutarla por pena de prisión.

ÉDGAR TAMAYO ARIAS

En un comunicado, el ombudsman también se dirigió a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, a cuyos integrantes expresó que el 31 de marzo del 2004, en el expediente conocido como Caso Avena y otros nacionales mexicanos, la Corte Internacional de Justicia determinó que se violó en perjuicio de Tamayo Arias el derecho de notificación y asistencia consular, establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares.

“La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el Congreso debe legislar para cumplir los compromisos de orden internacional. De llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, sin que el sentenciado reciba la garantía a que tiene derecho, conforme a la Convención de Viena, quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional”, señaló.

Dijo que también debe ser considerado lo que establecen los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y a que nadie sea sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La determinación que adopte en favor del sentenciado será reconocida por la comunidad internacional, como signo inequívoco del compromiso del gobierno del Estado de Texas por el respeto a la vida y a la dignidad humana, así como del respeto a los derechos humanos, añadió.

Sostuvo que para las instituciones encargadas de la protección y defensa de los Derechos Humanos, la vida representa el bien supremo del ser humano, y como tal, constituye el bien jurídico más valioso; el derecho a la vida es el fundamento de los ordenamientos constitucionales que lo reconocen y amparan como valor esencial e interés social supremo, por lo cual las naciones tienen la obligación de la más absoluta protección, sentenció.

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