Reforma anticorrupción representa un cambio cultural de fondo: Cristina Díaz

El reto más importante para combatir la corrupción es que ciudadanos y gobiernos actuemos juntos y tomemos consciencia de que la reforma en esta materia implica un cambio cultural de fondo para el país, aseguró la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, al inaugurar el seminario para promover la integridad y combatir la corrupción: perspectivas comparadas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Durante la realización de este encuentro, organizado conjuntamente con la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la senadora Díaz Salazar señaló que el Senado tiene el reto de crear la legislación secundaria que permita hacer operativa la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Esta es una tarea mayúscula, ya que debemos expedir la Ley del Sistema, que será la base de siete leyes nuevas y de reformas a otras 25 más, para hacerlo operativo”, expresó.

Resaltó que México se propuso una agenda de cambios muy ambiciosa y se están tomando decisiones “valerosas y trascendentes en materia de anticorrupción, porque de esta reforma dependerá el éxito en la implementación de todas las demás”.

El reto más importante es que ciudadanos y gobiernos actuemos juntos y tomemos consciencia de que esta reforma es un cambio cultural de fondo para el país, porque la corrupción es un problema universal y cultural que debemos combatir todos, puntualizó.

El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó las diversas modificaciones hechas al artículo 6° de la Constitución Política, que tienen como eje central la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información pública y el respeto a las libertades de prensa y expresión.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD dijo que, pese a los avances logrados, aún falta replantear el derecho a la privacidad e intimidad de las personas. Al mismo tiempo, explicó, será analizada la Ley General de Archivos, ya que se requiere tener toda la información sistematizada y en formatos accesibles a la población.

Una vez que se conforme el Sistema Anticorrupción se requiere hacer una reforma al Poder Judicial para atacar uno de los problemas más lacerantes del país: la impunidad, porque ésta es la fuente de la que surge la corrupción, y mientras no sean sancionadas estas conductas, no se resolverá el problema.

A su vez, la senadora Lisbeth Hernández Lecona señaló que la ética y la moral de las personas son los factores fundamentales para combatir la impunidad y corrupción, especialmente de los servidores públicos, quienes debieran conducirse con cabal sentido de honestidad y transparencia.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI dijo que los tres poderes deben entrar en el camino de la transparencia y anticorrupción. Debemos hacer una conciencia en este sentido, por ello se deben orientar mecanismos preventivos que ayuden a restaurar la confianza en los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil.

Requerimos una cultura social de integridad, de valores, de honestidad para que nuestros servidores públicos cumplan cabalmente; el compromiso es aprobar la reforma anticorrupción en este periodo, esperemos que los resultados sean los más óptimos, señaló.

Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que la iniciativa para crear un Sistema Nacional Anticorrupción revela que México enfrenta un problema que demanda la máxima atención, y que por primera vez pretende atacar este fenómeno desde una perspectiva multifactorial que se integra en una política de Estado.

Dicho enfoque –agregó– permite visualizar el tema de la corrupción como un problema de decisión del servidor público y del ciudadano al hacer énfasis en el ambiente que envuelve la gestión gubernamental. “No se trata de reducir este asunto a individuos aislados, cometiendo actos irregulares, sino analizar la naturaleza de entornos que generan incentivos a incurrir en conductas incorrectas”.

Indicó que en el momento actual en que se abordará el diseño de las leyes secundarias que darán origen al Sistema Nacional Anticorrupción, existe un dilema: estructurar los cambios que eviten la fragmentación de las instituciones, o bien, entrar en un debate político donde la esencia del cambio gire en torno a ofertas partidistas, desvinculadas de la meta originalmente planteada.

En tanto, el magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dijo que es necesario promover la integridad para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por la Constitución Política.

Mencionó que en la ley existen mecanismos para el cumplimiento de este objetivo, como la fiscalización y control para orientar, supervisar y evaluar las acciones de los servidores públicos, los cuales deben apegarse a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.

En tanto, Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, subrayó que a partir de la orden constitucional se genera una red de acciones e instituciones que permitirán erradicar la corrupción, “que sin duda deben merecer las sanciones más altas que se impongan en el país”.

Expresó que es necesario atacar la corrupción, fomentar la cultura de la legalidad y el buen comportamiento oficial de los servidores públicos, “con ello me quiero referir al necesario buen desempeño de todas las personas en el ejercicio de las políticas”.

El INAI está preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia, el acceso a la información y con el Sistema Nacional de Transparencia habrá de coadyuvar en estas otras funciones que permitan construir uno de los pilares del combate a la corrupción, concluyó.

Luis de Mello, subdirector en el área de gobernanza pública y desarrollo territorial de la OCDE, indicó que la reforma aprobada que crea el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un gran potencial para mejorar significativamente la gobernanza pública del país.

Indicó que este seminario busca proporcionar elementos al proceso de discusión y preparación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, “buscaremos compartir con ustedes buenas prácticas de países de la OCDE, a fin de brindar información que alimente el proceso legislativo”.

Destacó que se están llevando a cabo estudios de cooperación en temas como la gobernanza y compras públicas del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como del Sistema Nacional de Fiscalización que busca evaluar las fortalezas de la Auditoría Superior de la Federación.

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